50% de docentes en Miranda no cobra salario mínimo

La protesta que protagonizaron el lunes en demanda de recursos los trabajadores y obreros de la Gobernación de Miranda, en distintos puntos de la entidad, dio frutos: el gobierno central envió ayer en la tarde el adeudado situado correspondiente a julio por 4 millardos de bolívares, cantidad con la que se podrá cancelar la quincena del mes de agosto.
“Resuelve, pero la deuda que tienen con la Gobernación de 56 millardos de bolívares para cubrir las demandas de 35.000 trabajadores, sigue intacta”, expresó el director de Educación del gobierno regional, Juan Maragall, quien advirtió que la enseñanza de más de 100.000 alumnos en las 676 escuelas de la entidad, está en riesgo.
De los trabajadores de la Gobernación, 14.000 son docentes, 40% de ellos trabajan en zonas rurales. “Sin el dozavo no se le puede pagar a los maestros el bono vacacional, pero además su salario está rezagado. 50% de los docentes no ganan salario mínimo y esto afecta muchísimo la capacidad para poder dedicarse a su trabajo y permanecer en las escuelas. Muchos viven lejos y no pueden cubrir el costo del transporte. Y dan clases solo tres días de los cinco que deben hacerlo, para mantener su actividad de enseñanza”, precisó el educador y aseguró que aunque la Gobernación pudiera pagar los incrementos salariales, “estamos más rezagados que el resto del país”.
Explicó que el presupuesto con el cual trabajan en 2017 es deficitario, debido a que al ser aprobado en diciembre de 2016 no contempló ninguno de los aumentos presidenciales decretados en lo que va de año y, en consecuencia, no cubre el contrato colectivo de los trabajadores ni los bonos de alimentación, entre otros compromisos. “Todos los incrementos salariales, por vía de decreto, cuestan 76 millardos, pero nos han dado créditos adicionales por 20 millardos apenas”, refirió.
. La morosidad gubernamental pone en riesgo no solo la educación que se debe garantizar, sino también los programas de alimentación escolar de los que depende la salud nutricional de los menores.
Afirmó Maragall que la insuficiencia presupuestaria ha impedido enviar una adecuada cantidad de comida a las escuelas, a través del PAE que el gobierno regional se esfuerza por mantener durante todo el año escolar.
Además está en peligro el programa de Escuelas Solidarias con el que procurarían cubrir durante las vacaciones escolares las necesidades de alimentación de 8.000 niños que viven en las zonas más pobres del estado Miranda. Estaba previsto abrir 120 escuelas para albergar a estos pequeños y ofrecerles 32.000 comidas para frenar el riesgo nutricional.
“No podemos comenzarlo por la falta de alimentos, no tenemos casi proveedores. El problema de Miranda es la muestra de lo que pasa en el país, pero seguiremos exigiendo recursos y esperando respuestas”.
La deserción en las escuelas es una de las consecuencias más graves de la crisis presupuestaria. En marzo hubo un abandono de 9%, pero hemos terminado el año escolar con 10.000 alumnos menos. Si eso se proyectara al país, hablaríamos de más de 500.000 niños fuera del sistema, expresó Maragall.