ANC aprobó un decreto para la validación de los partidos políticos

La asamblea nacional constituyente aprobó este miércoles un decreto que establece que los partidos que quieran participar en próximas elecciones deben haber participado en los comicios anteriores y obliga a los que no lo hicieron a renovarse ante el Poder Electoral si no quieren ser inhabilitados.
El decreto pone en riesgo la estabilidad de los partidos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), que no participaron en las municipales del pasado 10 de diciembre y que podrían quedar fuera en los comicios presidenciales de 2018.
"Las organizaciones políticas, para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior", dice el texto.
La ley añade que las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la disposición deberán realizar el proceso de renovación contemplado en la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
La constituyente cumple así una petición del presidente, Nicolás Maduro, y otros dirigentes oficialistas para que se revisara la participación en las presidenciales de los citados partidos.
"Si se niegan a participar en una elección (...) deberán validarse nuevamente conforme a lo que está contemplado en la Ley de Partidos Políticos", dijo la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez.
VP, fundado por el líder privado de libertad Leopoldo López; PJ del que forman parte el presidente del Parlamento, Julio Borges, y el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles; y AD, del ex presidente del Parlamento Henry Ramos Allup, no acudieron a las municipales al no confiar en la posibilidad de un proceso justo.
Estos partidos habían denunciado graves irregularidades en las regionales del 15 de octubre, en las que sí participaron y donde se impuso el chavismo.
Según el decreto, los partidos comprometidos con la democracia se encuentran en la obligación de promover la participación de todas los ciudadanos en los procesos electorales.