Con nuevas sanciones, la UE ahoga más al círculo de poder de Maduro

Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo no le dieron ni un mínimo período de gracia a la nueva vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. La principal colaboradora de Nicolás Maduro encabeza la lista hecha pública ayer con los 11 sancionados por la Unión Europea (UE), que incluye a pesos pesados del chavismo, militares poderosos y rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A todos ellos se les congelarán los bienes y las cuentas que posean en todos los países miembros, además de prohibírsele el ingreso en el continente y la posibilidad de hacer negocios. Delitos electorales, violación de derechos humanos y, en definitiva, "haber socavado la democracia y el Estado de Derecho" son las principales acusaciones contra los 11 dirigentes, que se unen a los ocho señalados a principios de año.
La UE afianza así su posición firme en el bloque que desconoce los resultados de los comicios de mayo y la "reelección" del "hijo de Chávez", junto a los países latinoamericanos del Grupo de Lima, Estados Unidos y Canadá. Un nuevo giro de tuerca en la presión internacional contra el gobierno de Caracas. En cambio, decide no sancionar a Maduro, con la intención de dejar una vía abierta para la negociación. "Crear condiciones en aras de un diálogo político y significativo", resumió Federica Mogherini, alta representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE.
La cercanía de Rodríguez a Maduro y su transformación en pieza fundamental del poder revolucionario en cinco años ha sumado argumentos en su contra. "Además de negar cínicamente la emergencia humanitaria, se prestó para dirigir el órgano ilegítimo de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora servirle a Maduro", acusó Juan Pablo Guanipa, dirigente de la opositora Unidad Democrática.
"Ninguna amenaza, extorsión, medida arbitraria ni chantaje desviarán mi compromiso con la historia de libertad, dignidad y soberanía que nos legó Simón Bolívar. Jamás el mundo viejo imperial ni poder alguno doblegará mi determinación como venezolana a amar la tierra donde nací", respondió Rodríguez a través de sus redes sociales, en las que también aprovechó para acusar a Mogherini de generar una crisis migratoria "con sus políticas belicistas, racistas y xenófobas".
La ex canciller protagonizó el domingo pasado su última polémica al afirmar en una entrevista televisiva que "la revolución es su venganza personal". Rodríguez se refería una vez más al asesinato de su padre durante la IV República, hace más de cuatro décadas. Un crimen cuyos ejecutores fueron juzgados y condenados.
Una parte de los otros sancionados también forma parte de la cúpula del poder chavista, como el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, responsable desde el año pasado y hasta hace unos días del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y del Comando Antigolpe. El exvicepresidente Elías Jaua y el antiguo policía Freddy Bernal, principal responsable de los CLAP (cajas de comida a precio subvencionado, la versión bolivariana de las libretas cubanas de racionamiento), han participado en gobiernos de Hugo Chávez y el propio Maduro.
Europa también puso sus ojos en tres militares de alto rango, vinculados con la represión: el general Jesús Suárez Chourio, comandante general del ejército; el inspector general de las fuerzas armadas, Sergio Rivero Marcano, que se puso al frente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra las protestas antigubernamentales de 2017, y el general de brigada Iván Hernández Dala, cabeza de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y que también fungiera en 2015 como jefe de la Casa Militar.
Las rectoras electorales Sandra Oblitas y Socorro Hernández, junto a Xavier Moreno, secretario general del CNE, se han unido a su presidenta, Tibisay Lucena, sancionada en la primera tanda, en la que también aparecía Diosdado Cabello, número dos de la revolución y recién elegido como presidente de la Constituyente, y el juez Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Las sanciones europeas de enero provocaron la declaración de persona non grata del embajador español, Jesús Silva, y su consiguiente expulsión de Caracas, en un movimiento político provocado por los radicales de Cabello. Desde el Palacio de Miraflores se trenzó posteriormente una estrategia de acercamiento con España, consciente Maduro de que la opinión del gobierno de Madrid en materia de política latinoamericana pesa mucho en las decisiones de Bruselas. Los dirigentes chavistas se mostraron en las últimas semanas especialmente preocupados por estas sanciones, otorgándoles más importancia que a las de Estados Unidos o del resto de la región.
"Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la UE, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra 11 altos funcionarios del Estado venezolano", protestó el gobierno chavista a través de un comunicado oficial de su canciller, Jorge Arreaza. La revolución acusa a Bruselas de "flagrante subordinación" de la UE al presidente estadounidense Donald Trump, pese a que la UE, de forma deliberada, no ha profundizado en medidas contra el Estado y se ha focalizado exclusivamente en sancionar a sus dirigentes.