Maduro ratificó a Padrino López y cambió a comandante de la GNB

El presidente Nicolás Maduro se adelantó a los cambios de la FANB que, tradicionalmente, se anuncian en julio y ratificó por cuarto año al general en jefe (Ej.) Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa. Padrino, quien egresó de la Academia Militar en 1984, no continuará como jefe del Comando Estratégico Operacional, cargo que será asumido por el almirante Remigio Ceballos, en tanto el mayor general José Ornella Ferreira es el nuevo jefe del Estado Mayor del CEO.
El mayor general Sergio José Rivero Marcano, que fue comandante de la Guardia del Pueblo, reemplazará a Antonio Benavides Torres en la Comandancia de la GNB. Rivero Marcano, que en 2016 cumplió 30 años en la FANB, se desempeñaba hasta ahora como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) oriente.
El jefe del Estado designó a los mayores generales Jesús Suárez Chourio, quien fuera jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez, e Iván Hidalgo Terán como comandantes del Ejército y la Aviación, respectivamente;  al almirante Edglis Herrera Balza, como comandante de la Armada, y al mayor general Carlos Leal Tellería, como comandante de la Milicia. El mayor general Juan de Jesús García Toussaintt y el almirante Orlando Maneiro Gaspar serán ministros de Transporte y Pesca, respectivamente.
Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, indicó que con el nuevo Alto Mando militar se agravarán las violaciones de derechos humanos en el país. “La designación de Rivero Marcano al frente de la GNB comprometerá aún más la responsabilidad del Estado en violación de derechos humanos. Ha sido denunciado desde que era teniente coronel, y estaba en la Dirección de Inteligencia Militar, por tortura”.
Denunció que la GNB debe explicar la decisión de sacar a los destacamentos de seguridad ciudadana y al Conas, que usan armas de fuego, para reprimir las manifestaciones cuando las unidades que pueden actuar, con el uso proporcional de la fuerza, son las de control del orden público.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, afirmó que “la actuación arbitraria de los funcionarios militares se va a mantener pese a los cambios en el Alto Mando”. Explicó que las razones de fondo se encuentran en el discurso del Ejecutivo según el cual las protestas son llevadas a cabo por grupos terroristas que lideran un plan insurreccional y son violentos. Afirmó que el propósito del gobierno es realizar una ocupación militar del territorio, así como las órdenes de impedir el derecho a la manifestación pacífica.
“El Estado quiere hacer ver que hechos como el asesinato de Fabián Urbina son aislados, cuando se observa un patrón sistemático de dispersión de las protestas y de ataques con armas de fuego, así como de allanamientos sin orden judicial. Debe establecer una cadena de responsabilidades. Hay una conducta institucional que permite y tolera este tipo de abusos”, indicó.
Laboratorio de Paz señala que las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios militares se derivan de la aplicación del Plan Zamora. La coordinadora de la ONG, Lexys Rondón, dijo que “las actuaciones se basan en la lógica de ver al disidente como un enemigo interno y se aplica la fuerza de forma indiscriminada, no se respeta el derecho a la protesta, se usan armas letales y se dispara directamente a los manifestantes, tampoco se protege a terceros. Hay que documentar las violaciones de los derechos humanos porque no se puede amparar la impunidad”.
Añadió que desde 2014 el defensor del Pueblo se comprometió a elaborar un protocolo de actuación de los organismos de seguridad y militares en el control de protestas que aún no ha sido presentado.