El ejército de Nicaragua negó participación en actividades de orden público
El ejército de Nicaragua rechazó este miércoles el involucramiento de su personal y de su armamento en actividades de orden público contra la población civil en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que se ha cobrado la vida de más de 320 personas desde el pasado 18 de abril.
"Rechazamos categóricamente esta campaña calumniosa que desde diferentes vías desarrollan contra el ejército de Nicaragua", indicó el portavoz de la institución, coronel Manuel Guevara.
El ex guerrillero y mayor en retiro de las Fuerzas Armadas, Roberto Samcam, denunció que el gobierno utilizó el fin de semana pasado a personas vestidas de civil para manipular armamento exclusivo del ejército en los ataques, como los lanzacohetes portátiles rusos RPG 7, ametralladoras PKM y granadas de mano.
Los ataques fueron perpetrados por fuerzas combinadas en las ciudades de Jinotepe y Diriamba, en el Pacífico, así como en Matagalpa, en la zona norte de Nicaragua, que dejaron al menos 20 muertos, según organismos humanitarios.
Dichas fuerzas están integradas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega, que en su mayoría actúan encapuchados y en ocasiones fuertemente armados.
"Lo que hacemos lo decimos y lo que decimos lo hacemos", remarcó el ejército, que se definió en el comunicado como el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio.
El ejecutivo indicó este martes en un comunicado que como Estado y gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución y las leyes de la república, tiene el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses.
Y que eso incluye el derecho a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional, para lo cual utiliza a las llamadas fuerzas combinadas a bordo de camionetas y fuertemente armados.
Con más de 320 muertos en menos de tres meses, de acuerdo con cifras de organismos humanitarios locales, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
