Familiares de presos políticos de Nicaragua no confían en el gobierno

Los familiares de los presos políticos de Nicaragua no confían en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que prometió liberarlos a todos a más tardar en junio próximo, afirmó este martes el padre de uno de los líderes estudiantiles convicto.
"La verdad es que, confianza en el gobierno, nosotros no tenemos", dijo el papá del manifestante preso Edwin Carcache, de nombre homónimo, al ser consultado por periodistas.
Hace cinco semanas el gobierno anunció que liberaría a todos los manifestantes presos en un lapso de 90 días a partir del 20 de marzo, pero hasta ahora únicamente ha cambiado el régimen carcelario de 250, a quienes ha enviado a "convivencia familiar", mientras la oposición reclama libertad absoluta para al menos 809 reos.
"De qué me sirve que me lo excarcelen si va a estar preso en la casa", advirtió Carcache.
El familiar del líder estudiantil afirmó que su hijo fue citado por el Poder Judicial a una audiencia preparatoria el 29 de abril, pese a la promesa de libertad, y a que el 29 de marzo firmó e hizo público un compromiso de liberar a todos los manifestantes presos, que hasta ahora no ha ejecutado.
Un reclamo similar hizo horas antes la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte de los acuerdos firmados por el gobierno, cuyos representantes afirmaron que es necesario que el Ejecutivo "cumpla con sus compromisos" antes de volver a una mesa de negociaciones.
El gobierno insistió esta mañana en su disposición de "cumplir con lo firmado".
No obstante, Carcache recalcó que "nosotros confiamos en los garantes y en la Alianza, en que pueda hacer un buen arreglo" en las negociaciones con el gobierno.
La desconfianza en el Gobierno parece ser generalizada entre los nicaragüenses, que el 18 de abril pasado iniciaron la llamada insurrección cívica contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, luego de 12 años en el poder.
Nicaragua lleva ya 12 meses en la peor crisis sociopolítica en décadas, y en la que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han muerto al menos 325 personas, aunque órganos locales elevan la cifra a 568 y el Gobierno reconoce 199.
La CIDH ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".