Oposición boliviana prepara huelga nacional en contra de Evo Morales

La oposición boliviana prepara su maquinaria para una huelga nacional este jueves luego de la decisión del Tribunal Electoral Boliviano (TSE) de habilitar al presidente Evo Morales para postularse a un cuarto mandato consecutivo (2020-2025), medida que avivó temores de que Bolivia se convierta en una "nueva Venezuela".
La Iglesia católica advirtió en un comunicado que: "el TSE no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo un futuro incierto para los bolivianos".
El TSE dio luz verde la noche del martes a Morales, que gobierna el país desde el año 2006, para presentarse a las elecciones primarias de enero, una condición ineludible para participar de las presidenciales de octubre de 2019 para el período constitucional 2020-2025.
El tribunal también habilitó otras candidaturas, como la de los opositores Carlos Mesa, Oscar Ortiz, Jaime Paz Zamora y Víctor Hugo Cárdenas, aunque solo sobre la de Morales pesaba una objeción de inconstitucionalidad presentada por la oposición.
Carlos Borth, sociólogo y analista político, explicó que la decisión del máximo tribunal electoral configura un escenario político complicado, pues muestra que, a su juicio, está sometido al control del gobierno y pone en entredicho su idoneidad para administrar con transparencia el plebiscito presidencial venidero.
"Esta decisión del Tribunal confirma que el proceso electoral no tiene un árbitro imparcial y esto es lo más serio para la democracia boliviana", afirmó.
Para Borth, todo esto puede devenir en "un debilitamiento institucional y que nos acerquemos peligrosamente en lo político a lo que sucede en Venezuela y Nicaragua", donde sus presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega soportan una fuerte oposición.
Los principales líderes de la oposición expresaron de manera coincidente su preocupación sobre los derroteros de la democracia boliviana, sobre todo, porque Morales perdió en el año 2016 un referendo, que él mismo impulsó, para pedir el parecer del pueblo para postularse nuevamente.
Pese a ese resultado de las urnas, el oficialismo logró que, a fines del año 2017, el Tribunal Constitucional diera luz verde a Morales para postularse nuevamente, arguyendo que se trata de un derecho humano.
Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz (este), anunció que: "presentaremos ante los organismos internacionales pertinentes las acciones legales necesarias para que este ultraje a la ciudadanía boliviana no quede impune", mientras que el candidato de su partido (Demócratas) Oscar Ortiz ya presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el también opositor Víctor Hugo Cárdenas la resolución del TSE es "un crimen político contra la democracia" y convocó a más "movilizaciones callejeras" para expresar el rechazo a la nueva postulación de Morales.
Por su parte, colectivos ciudadanos protagonizan caminatas por carreteras hacia La Paz y comités cívicos labran a todo vapor una huelga que se cumpliría en al menos seis de los nueve departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Potosí).
"Pararemos para hacer respetar el voto y porque queremos vivir en democracia", afirmó Fernando Cuéllar, líder del comité civil de Santa Cruz, quien insistió en que la protesta es para que se cumpla el referendo de 2016 que rechazó una nueva candidatura de Morales.
Para intentar frenar que las protestas opositoras aumenten en fuerza, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y sindicatos pro-oficialistas anunciaron que cerrarán filas a favor de Morales.
"Vamos a defenderlo (a Morales), él ha sido proclamado por los trabajadores, vamos a defenderlo hasta el último, porque es el candidato de los trabajadores", afirmó Vicente Pacosillo, dirigente de un sindicato de fabriles.
El gobierno llamó, por separado, a que las protestas se realicen en un marco democrático y de paz.