Presidente del TSJ en el exilio: Maduro no representa a los venezolanos
Horas después de haber jurado como presidente a inicios de 1999, Hugo Chávez dictó un decreto para convocar un referéndum a fin de que una asamblea constituyente redactara una nueva Constitución. El golpe de Chávez tuvo éxito. En diciembre de ese año impuso una nueva Constitución que le dio el control del país. Y así empezó todo. Empezó con el secuestro de las instituciones, empezando con el poder judicial y el poder electoral.
Casi dos décadas después, el régimen, esta vez presidido por Nicolás Maduro, de nuevo convoca (2017) otra asamblea nacional constituyente, arrasando así con la poca institucionalidad que quedaba.
La fraudulenta constituyente que fue rechazada y desconocida por la comunidad internacional convocó en forma extemporánea elecciones presidenciales. El propio presidente Juan Manuel Santos, al referirse a esta constituyente ante la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, expresó: “Entre sus artículos está el abolir el sufragio universal, o sea, implantar un sistema igual al de Cuba y perpetuarse en el poder indefinidamente”.
Efectivamente, haciendo un recuento de hechos sucedidos pocos días, antes y después, de la proclamación de la Constituyente Cubana el 4 de agosto de 2017, el régimen inició la persecución de 33 magistrados designados el 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN) legítima, y la destitución de la legítima fiscal general Luisa Ortega Díaz; marcando así el inicio del ejercicio de sus funciones fuera de Venezuela de estos representantes de poderes públicos.
Uno de ellos, Miguel Ángel Martín, actual presidente del inédito Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, quien debió huir de Venezuela a raíz de su designación, nos entrega un mapa sobre las bases legales que permitirían un gobierno de transición, a horas del mayor fraude electoral en la historia de Venezuela.
La primera sentencia del TSJ legítimo, el 25 de octubre, fue la nulidad de la asamblea constituyente cubana, donde activa la resistencia civil amparada por la Constitución venezolana (art. 350). ¿En la farsa electoral del domingo, la altísima abstención del domingo es una demostración de la activación de la resistencia civil?
Sin duda alguna, sí.
Un Tribunal así es inédito.
Existe la base constitucional y legal para nosotros operar fuera de nuestras fronteras.
Nuestra constitución establece en su artículo 20 que los convenios internacionales son leyes en Venezuela, y por eso nosotros ejercemos nuestra jurisdicción fuera de Venezuela, con efecto hacia el país, sobre temas de derecho internacional público y de derecho de control constitucional.
La delincuencia organizada sí es competencia tanto de la fiscal general como nuestra.
Constitucionalmente, él ya no es presidente de la República. Él se convirtió en un presidente de facto porque, según la ley, cuando el Tribunal en Sala Plena declara la procedencia del juicio contra el presidente, tiene que pasar por la autorización de la AN. Y eso ocurrió. Nuestra AN autorizó el juicio penal de corrupción contra Nicolás Maduro. Por lo tanto, de conformidad con la ley, él está suspendido e inhabilitado del cargo para someterse al juicio correspondiente. Y se inicia lo que nosotros hemos denominado transición constitucional, porque tiene que venir el orden sucesoral como establece la Constitución.
Sí, así lo establece la Constitución. Pero no pasó. En este momento estamos frente a un vacío constitucional del cargo de presidente. Maduro no representa a los venezolanos, y su firma no vale en el mundo.
Exacto. Al no tener legitimidad suscribir un acuerdo con la firma de ese gobierno de facto, corre el riesgo de que no sea válido.
Sí. Estamos esperando que en pocos días, la fiscal general presente el acto conclusivo, y en aproximadamente tres meses, con el cumplimiento de los procesos correspondientes, el tribunal dicta sentencia.
Maduro no tiene excusa en eso. Quien tendría el problema es la Interpol porque es un organismo de policía internacional que recibió una orden de captura y tiene que oficiar a todas las policías del mundo para colocarlo en la lista de alerta roja. Nosotros estamos siguiendo los protocolos de la Interpol. Eso no es algo tan inmediato para que lo incluyan en la lista roja.
En este caso, la responsabilidad la tienen el director de cada una de las instituciones policiales y el ministro de la Defensa porque a ellos es a los que está dirigido el oficio, pero a su vez le estamos enviando un mensaje a todos los integrantes de seguridad del país para que tengan la información.
Sí, a él y a todos los magistrados.
Es un Tribunal ilegítimo que está al servicio de la Constituyente Cubana.
Sí, incluso hay 14 jueces en Caracas que tienen prontuario policial.
Tiene dos casos de homicidio.
Representantes de la comunidad internacional han respaldado al TSJ en el exilio, entre ellos Luis Almagro, quien además ha reconocido “la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela decidida por el Tribunal Supremo legítimo”.
Sí, y el Consejo Nacional Electoral debió desincorporarlo porque está inhabilitado.
Fue producto de una convocatoria de la asamblea nacional constituyente.
Es su competencia.
Sí, porque es una omisión legislativa que pueden hacerla en cualquier momento.
A la AN.
Sí.
Promover la transición en Venezuela o emitir un pronunciamiento.
Esa es una salida, esa es una solución. Incluso ya fue consultada en el plebiscito (julio 2017) al pueblo de Venezuela, y dijo que sí.
La AN debería.
Lo haría el TSJ legítimo.
Se necesita, no una unidad sino una verdadera alianza. Solo depende de nosotros.
Nosotros estamos preparados para la reestructuración de Venezuela, que incluye la transición.
Ha ocurrido en el pasado y ha tenido éxito.
Nosotros hemos sentado las bases de promover y provocar la transición en Venezuela. Nosotros declaramos la necesidad de una intervención humanitaria por la crisis que existe en nuestro país. Cuando un gobierno no resuelve los problemas de sus ciudadanos, hasta allí llega la soberanía de ese gobierno. Entonces, todos los países amantes de la democracia están en el deber de recuperar la legalidad para solventar la crisis humanitaria que se vive ese país.
Sí.
