"Tenemos que identificar a responsables de los crímenes en Venezuela"

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, designó al ex fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, como asesor especial en temas de crímenes de lesa humanidad.
“La tarea del asesor especial será analizar, estudiar y debatir con todas las partes interesadas, la situación en Venezuela y en consecuencia formular sugerencias sobre cursos de acción posibles por parte de la organización”, informó la OEA en un comunicado.
Tras la designación, Moreno Ocampo afirmó: “La Organización de Estados Americanos puede evitar la impunidad en Venezuela. El secretario general está definiendo un nuevo espacio para la OEA: enfocarse en la prevención y el control de los crímenes, y a la vez reunir información que puede ser útil para llevar a cabo una investigación judicial independiente por parte de la Corte Penal Internacional”.
El primer fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que su papel es ofrecer conocimiento técnico de cómo funciona el Estatuto de Roma.
El argentino afirmó que es muy importante que los representantes permanentes integren un grupo de trabajo que reciba a las víctimas e información sobre las eventuales violaciones a la ley. “Tenemos que identificar quiénes son los máximos responsables de los crímenes. Venezuela tiene la prioridad para investigarlos y es imprescindible consultar a sus autoridades sobre los esfuerzos realizados para hacer justicia. Si se confirman los crímenes y no hay esfuerzos genuinos para investigarlos, la Organización de Estados Americanos puede enviar su información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Basta que uno de los 28 estados que son miembros de la OEA y de la Corte refiera la situación de Venezuela para que se facilite la apertura de una investigación”.
El fiscal afirmó que, según le informó el secretario general, ya hay algunos presidentes de la región interesados en llevar el caso ante el máximo tribunal internacional una vez que se confirmen los delitos de lesa humanidad.
Almagro reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro hace uso sistemático de la violencia contra la ciudadanía. “La escalada de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y el ataque sistemático contra la población civil incluye asesinatos, encarcelación y tortura, y es evidente a los ojos de la comunidad internacional que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000, y por tanto la CPI tiene jurisdicción sobre lo que allí ocurre”.
El secretario dijo que es obligación de la Organización de Estados Americanos explorar la posibilidad de que los responsables de estas atrocidades puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
“Los ciudadanos de Venezuela viven aterrorizados. Y el terror se origina en el Estado a partir de una estrategia deliberada, metódica y sistemática. Si el régimen quiere encarcelar, encarcela. Si dispone torturar, tortura. Si decide asesinar, asesina. Si quieren proceder con fuerzas regulares, o por medio de fuerzas paramilitares, da igual”, agregó el secretario general.
 Hoy el Consejo Permanente de la OEA, y a pedido de 18 países, retomará por sexta ocasión en el año, el debate sobre la crisis política, económica y social de Venezuela. El encuentro que debe comenzar a las 11:00 am, hora de Washington, se realizará bajo la presidencia pro tempore de Brasil.
La sesión se produce tras dos infructuosos encuentros de cancilleres, uno en Washington, Estados Unidos, y otro en Cancún, México.
En ambas sesiones los jefes de la diplomacia de los 34 países que integran la organización hemisférica no pudieron alcanzar un acuerdo para exhortar al gobierno de Nicolás Maduro a suspender el proceso de asamblea nacional constituyente, que está previsto para el próximo 30 de julio, ni de pedir que se cumplan con los cuatro puntos que demandó el Vaticano en la infructuosa negociación de 2016.
Perfil
Luis Moreno Ocampo es un abogado argentino, que como fiscal jefe de la CPI logró procesar al presidente sirio Bashar al Assad por genocidio y al ex líder libio Muammar Gadafi por crímenes de lesa humanidad por las masacres a manifestantes. Entre otros cargos desempeñados en su carrera, fue fiscal adjunto en el juicio contra nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de Estado) que gobernaron Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983.