Venezuela, la frontera con más disputas entre los grupos armados

Los riesgos en las fronteras colombianas van más allá del narcotráfico, una de las economías ilegales más poderosas que mueve al año 16 billones de pesos. La minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabando, la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento de migrantes son algunas de las dinámicas ilegales que preocupan en los 13 departamentos fronterizos.
Así lo documenta un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), conocido por 
que expone los retos del nuevo gobierno en las fronteras ante un crecimiento de las disputas entre grupos armados por el control de rentas ilícitas tras la desmovilización de las Farc. 
Una de las situaciones más críticas, según el informe, se vive en la frontera con Venezuela, donde las tensiones entre las relaciones diplomáticas de los dos países hacen mucho más difícil contener el crimen. Según la FIP, entre enero del 2017 y mayo del 2018 se han cometido en esa frontera 148 homicidios. Y entre enero y junio de este año hubo un aumento del 19 por ciento en los homicidios en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo. 
Es en esa región donde el ELN ha tenido una mayor expansión y sostiene a sangre y fuego una disputa con el EPL, que ahora se conocen como ‘los Pelusos’, tras el rompimiento de una tregua. Esa violenta lucha por el poder dejó entre marzo y julio a 16.000 personas desplazadas (unas 5.168 familias) en los municipios de San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de Belén, Ábrego y Hacarí. 
Los ilegales han protagonizado el último año y medio paros armados, 98 acciones entre hostigamientos, secuestros, enfrentamientos y emboscadas.
A la ya difícil situación se suma que están reclutando migrantes venezolanos que han sido vinculados a las dinámicas criminales en la producción de drogas, trabajando como recolectores en Catatumbo. También participan en el transporte de sustancias ilícitas y en el contrabando. “La situación migratoria de venezolanos ha provocado una crisis humanitaria con baja capacidad de respuesta institucional y de las organizaciones humanitarias”, dice la FIP. 
En Arauca se mantiene la tensión entre el ELN y las disidencias de las FARCpor el cobro de extorsiones, el contrabando y el paso de personas desde y hacia Venezuela. Las disidencias en esa zona, según la FIP, tendrían unos 150 hombres que estarían reclutando a quienes no han tenido un proceso de reintegración efectivo, y a niños, incluso menores de 12 años. 
La FIP ha registrado tres combates entre el ELN y las disidencias (dos en territorio venezolano y uno en Colombia) y el asesinato de tres ex integrantes de las FARC. En Arauca también se han encontrado venezolanos “adoctrinados como informantes y combatientes”, dice el estudio.
En la frontera con Venezuela, en Cesar y La Guajira, el ‘clan del Golfo’ se disputa las rutas de la droga y el contrabando.
La mayor amenaza generada por las disidencias de las FARC está en las fronteras con Ecuador y Perú. En esa región, en Nariño y Putumayo, la FIP encontró que en el último año y medio han ocurrido 219 homicidios. 
El estudio asegura que aunque el nombre que más suena es el de ‘Guacho’ y su disidencia, no hay ningún grupo que haya consolidado la hegemonía, pues, incluso, está enfrentando principalmente en Tumaco a otros ex guerrilleros que no dejaron las armas, como los de las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, al mando de alias David. 
Nariño, según el último Simci, tiene el 29 por ciento de cultivos ilícitos y se ha convertido en una plataforma de tráfico de personas que siguen la ruta de Centroamérica hacia Estados Unidos. En esta zona, en el último año y medio crecieron las disputas entre grupos con 88 acciones violentas, de las cuales el 17 por ciento han ocurrido en territorio ecuatoriano. 
En Putumayo también están las disidencias de ‘Rodrigo Cadete’, que se han expandido desde Caquetá y Guaviare hacia Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán y Puerto Asís, enfrentadas con el antiguo frente 48. Además de las rutas de la droga con Ecuador, se disputan el control del tráfico de madera. 
La frontera con Ecuador y Perú es en la que se han registrado más homicidios de excombatientes de las FARC (18 en Nariño y 2 en Putumayo) y es el epicentro del mayor número de crímenes de líderes de derechos humanos, con 19 casos. 
La tercera frontera que más preocupa es la de Panamá. Allí, el ‘clan Úsuga’ ha tenido históricamente el poder. En esa zona, según la FIP, ha habido este año un aumento del 31 por ciento en los asesinatos, y en el Urabá chocoano se mantienen enfrentamientos con el Eln. 
La investigación dice que en el Urabá el ‘clan del Golfo’ se estaría reagrupando de cara a un eventual sometimiento, pero las pugnas entre la misma banda generan incertidumbre sobre esa posible decisión.
Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, habla sobre los principales hallazgos del estudio. 
El trabajo que hemos hecho en todo el territorio nos advirtió situaciones de enfrentamiento y escalamiento del conflicto en las fronteras. Eso coincide con las últimas coyunturas, lo que pasó con ‘Guacho’ y los periodistas en Ecuador, la migración y el flujo de venezolanos en la frontera con Venezuela, y el ‘clan del Golfo’ en Urabá. Tenemos unas fronteras calientes, con distintos problemas. 
La frontera con Venezuela por la crisis que hay con ese país, las condiciones de inestabilidad política y social. En la frontera se han roto unos pactos entre organizaciones armadas ilegales, y se tienen enfrentamientos entre el ELN y el EPL, en el Catatumbo, y otro entre ELN y las disidencias de las FARC en Arauca. A eso se suma la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. 
Hay que ser muy cuidadosos. La participación de migrantes en actividades ilegales se da porque están en una condición de vulnerabilidad. Los grupos aprovechan este flujo para reclutar personas que vienen en una situación muy difícil, escapando del problema en Venezuela. Muchos jóvenes que atraviesan la frontera vienen en búsqueda de oportunidades. Pero en esos flujos hay pasos legales, pero también pasos que no están controlados por las autoridades, y es allí donde los grupos tienen una oportunidad. 
En la frontera con Nariño hay una reconfiguración del orden ilegal. Eso significa que hay diferentes grupos en competencia para establecer quién tiene la hegemonía, y esto no solo tiene que ver con economías ilegales, sino también con el control sobre las poblaciones. Allí hay una disputa activa en la que hay varias facciones que siguen en una confrontación armada, y que es el resultado de los vacíos de regulación después de las FARC. Lo de ‘Guacho’ es lo que más resalta, pero no es el único disidente que tiene poder. No hay una nueva hegemonía, hay un reacomodamiento. 
La influencia de actores armados ilegales en el Urabá es un hecho histórico. Lo que ha cambiado son los nombres y quiénes son los protagonistas. Difícilmente uno encontrará un momento en el que el Estado haya tenido el control territorial. Todavía tenemos al ‘clan del Golfo’, que si bien ha sido impactado por las acciones del Estado, sigue teniendo presencia. Pero ahora se han disparado las disputas internas en el bajo Cauca, y hay que preguntarse qué podría pasar si se someten a la justicia, ¿quién se va a someter de todas las facciones en juego?
Históricamente, las respuesta han sido bilaterales y reactivas. Ahora Colombia se sale de Unasur, y si bien ese espacio no era estratégico en términos de lo que se puede hacer en seguridad, es una señal del momento que estamos teniendo con el vecindario y sobre todo con Venezuela. Esto dificulta la cooperación y la comunicación.