2017 vs 2014: el momento de la desobediencia civil  

La constituyente representa el punto de quiebre. Fue el factor decisivo para que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) invocara los artículos 333 y 350 de la Constitución en medio de la agudización de la crisis institucional y del aumento de la represión a las protestas. Pero además, es un motivo de fractura dentro del oficialismo.
Las circunstancias sociales, políticas y económicas, agravadas prácticamente a diario en el país, significaron el impulso definitivo para que la oposición dejara atrás el tiempo de desunión. En esta ocasión, a diferencia de 2014, todos los dirigentes coinciden en llamar dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, así como en la estrategia para combatirlo.
 Expertos coinciden en que hay diferencias marcadas entre ambos períodos.
Carlos Luna, director de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que en 2017 hay una serie de sucesos que evidencian una ruptura de la institucionalidad y del Estado de Derecho lo suficientemente significativos para que haya un deslinde de la población con el gobierno nacional.
"Lo que existía en Venezuela en 2014 era un autoritarismo competitivo estable, es decir, que todavía había un gobierno que se legitimaba constantemente por voto universal, directo y secreto, que mantenía una apariencia de democracia en términos de división y equilibrio de poderes, pero que iba ganando cada vez más espacio en la colonización del poder”, afirmó.
La falta de independencia de los poderes se ha hecho más evidente este 2017. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el argumento del desacato de la Asamblea Nacional, publicó el 28 y 29 de marzo las sentencias 155 y 156 para atribuirse las funciones parlamentarias. El 31 de marzo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por primera vez manifestó una posición contraria al oficialismo: declaró que las decisiones del TSJ representaban una ruptura del orden constitucional. Ese mismo día, el presidente Nicolás Maduro convocó el Consejo de Defensa de la Nación para "dirimir las diferencias" con la fiscal. El 1° de abril, la Sala Constitucional publicó una "rectificación" de las sentencias.
El anuncio de la convocatoria de la constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro y la aprobación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar las elecciones, -por encima de los comicios legislativos que estaban pautados para diciembre de 2016, aunado a la suspensión del referéndum revocatorio-, provocó una reacción más contundente de la oposición, que se mantiene en las calles desde hace 83 días.
"En 2014 todavía había chance de hacer política, en 2017 no siento la forma de hacer política por ninguna parte. Esta propuesta de la constituyente es una fuga hacia adelante que no supone hacer política, es simplemente el último recurso para aquellos que se saben deslegitimados y que han decidido apostar a una manipulación del sistema para construir una fuente de sustento sin democracia. Estamos en una forma autoritaria, populista y militarizada de gobierno que no tiene respuesta para ninguno de los problemas", agregó el abogado constitucionalista Nelson Chitty La Roche.
La constituyente es ahora la nueva herramienta con la que el gobierno intenta recuperar el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora por elección de los venezolanos a través del voto.
"En Venezuela hay un Poder Legislativo que, aunque es legal, está en desacato y en este momento está inútil. Esa es una de las tareas del poder constituyente, volver a la legalidad del Poder Legislativo", dijo el presidente Maduro este jueves.
Chitty La Roche sostiene que la propuesta de la ANC que propone el gobierno nacional es segregacionista. A su juicio, en caso de consolidarse no convencerá, continuará la inestabilidad y la ingobernabilidad. "Lo dramático es que vamos hacia un colapso económico inevitable", agregó.
La realidad de Venezuela no ha escapado de la mira internacional. Otro de los factores que contribuyen a la lucha ciudadana es la intervención del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a pesar de que en el organismo no se ha llegado a un consenso sobre la situación en el país. Además, hay un nuevo panorama en la región. El gobierno venezolano cuenta con el apoyo de menos países debido al cambio de mandatarios en naciones vecinas como Argentina, Perú y Brasil, que exigen la restitución del orden constitucional en Venezuela.
El también internacionalista Carlos Luna indicó que a la presión internacional se suma el declive de los precios del petróleo, lo que impide que el rentismo siga siendo un elemento para poder financiar el gasto público.
“Terminó el bienestar que había generado Hugo Chávez por la burbuja del ciclo petrolero al alza. Hay un desmejoramiento de la calidad de vida del venezolano, lo que hizo que la población se opusiera fervientemente a un gobierno”, aseguró.
El sociólogo Enrique Alí González Ordosgoitti dijo, en referencia a 2014, que la política tiene un ritmo que se basa en la mayoría y que no puede imponerse.
"Cuando se intenta imponer el ritmo a la mayoría se cometen acciones vanguardistas y termina siendo una vanguardia sin retaguardias. En política, principalmente cuando se quiere una democracia, tiene que lograrse el convencimiento de la enorme mayoría para que participe en el proyecto, porque no se le puede imponer. La idea es que los ciudadanos hagan suyo el proyecto y estén dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para la defensa de un proceso democrático. En 2014 un grupo de la oposición asumió unas posiciones que fueron vanguardistas porque preveían. Pero no hubo acompañamiento de la mayoría del pueblo, que tenía otra visión", explicó.
Sostiene que en este 2017 las manifestaciones cuentan con una mayoría que asumió una estrategia: la resistencia pacífica, popular y prolongada.
“Pacífica, porque no hay uso de armas por parte de la oposición; popular, con la participación de todo el pueblo y prolongada, porque la gente empieza a tener un horizonte en el tiempo, entiende que la lucha es larga”,  dijo.
González Ordosgoitti agregó que la organización social y sociopolítica se ha profundizado y ha cubierto no solo grandes sectores sociales sino también los populares.
Chitty La Roche coincide en que las protestas se han extendido porque "se amplió, creció y se diversificó la molestia y el cansancio de la sociedad".
"Hay amplitud, que no solo es un fenómeno cuantitativo, sino igualmente cualitativo. Es toda la sociedad la que está en la calle. En 2014 era un segmento pequeño de clase media de jóvenes los que manifestaban. Ahora hay más gente y en todos los sectores, como El Valle, El Paraíso, La Vega, la avenida Victoria y también en el interior del país", explicó.
El abogado constitucionalista mencionó el carácter estratégico de las manifestaciones: "Lo que era una protesta más o menos heterogénea en 2014 es mucho más consistente en este momento. Ahora no es manifestar por ese desagrado, sino asumir la rebeldía. La rebeldía consiste en decir no y en militar en esa negativa".
El experto hizo mención a un discurso del fallecido presidente Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 durante su toma de posesión como mandatario nacional, en el que se refirió a la teoría de la catástrofe para decir que lo que había pasado el 4 febrero de 1992 (el golpe de Estado), fue porque la clase política había dejado de escuchar a la gente.
"Se habían acumulado de tal manera los reclamos, las demandas sin secuencia ni metabolismo político y respuestas institucionales, que se había producido una catástrofe (...) Yo siento que estamos precisamente en un plano catastrófico. Alguien tiene la violencia institucional pero está deslegitimado y hay en la calle una respuesta de existencialismo democrático que se niega a aceptar esa frecuencia porque lo propone el gobierno y forcejea. La guerra es un duelo de voluntades. Estamos metidos en una confrontación, en una especie de guerra civil de baja intensidad, pero que se viene configurando. A esta gente solo le queda su fuerza militar y los medios que utiliza”, argumentó el abogado constitucionalista.
La dirigencia opositora anunció el 20 de junio una nueva fase de protestas, con base en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna. 
 Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
 El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
"Los artículos 333 y 350 son invocados por la MUD porque hay una progresividad de métodos. El 333 significa la defensa de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución, donde cada ciudadano debe, investido de autoridad o no, velar por el cumplimiento cabal del Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. En cambio, el 350 es desobediencia civil ante un orden ilegítimo de todo lo que es el Estado de Derecho”, explicó el director de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV, Carlos Luna.