AN se declara en resistencia y denuncia “toma militar” de sus áreas

“En resistencia” se declaró la Asamblea Nacional ante el decreto de la constituyente presidencial del 18 de agosto, que la despojó de sus competencias constitucionales para legislar.
En una sesión extraordinaria, con presencia de diplomáticos de 19 países, los diputados acordaron –por unanimidad– no subordinarse a las órdenes de la ANC y resolvieron denunciar en instancias como el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el secretario general y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “las pretensiones de usurpar las funciones legislativas que le corresponden al cuerpo parlamentario”.
La plenaria autorizó a la directiva de la AN para que escoja a cinco diputados que integrarán la comisión especial que investigará a los constituyentes que aprobaron la disolución del Parlamento. En los próximos días convocarán una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial en Caracas para rechazar los actos del foro de carácter ilegítimo e inconstitucional surgido el 30 de julio, en medio de denuncias de fraude electoral. La cita aún no tiene fecha, pero fue planteada por el titular del Legislativo, Julio Borges, al presidente de la UIP, Saber Hossain Chowdhury, en una conversación telefónica.
 
“Toma militar”. En el acuerdo, de cuatro páginas, no se habla de “disolución” del Legislativo, sino de una “pretensión de usurpación de funciones por parte de una inconstitucional y fraudulenta ANC” y un exceso en sus atribuciones. Por esos rasgos, consideran que sus actos son nulos o “sin eficacia jurídica” y que el decreto del 18 de agosto está viciado, es ilegal e inconstitucional.
“Esa supuesta constituyente no puede, en forma alguna, interferir en sus funciones, menos aún pretender suplirla en la adopción de la legislación en materias de la reserva legal, que corresponden exclusivamente a este cuerpo parlamentario”, advierten.
La Asamblea Nacional acordó denunciar el fraude constitucional de la ANC y la usurpación de la soberanía popular, legítimamente cedida en elecciones al Parlamento, único titular del Poder Legislativo.
El acuerdo será remitido a la Unión Interparlamentaria Mundial, a los parlamentos Latinoamericano (Parlatino) y de Mercosur (Parlasur), y al cuerpo diplomático acreditado en el país.
El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, rompió en el hemiciclo el decreto de la ANC, y luego desmintió a la presidente constituyente, Delcy Rodríguez, según la cual constituirían una comisión de enlace, con cinco integrantes. Descartó una “convivencia” porque ambas instancias funcionan en el Palacio Federal, en Caracas.
“Eso es ofensivo. Es como decir que en la frontera se convive con la guerrilla, con el narcotráfico. Aquí (en el Palacio Federal) no hay convivencia sino una toma militar, una ocupación militar. Asaltaron el Salón Elíptico, luego secuestraron el hemiciclo Protocolar y el Museo Bolivariano con la complicidad de la Fuerza Armada. Lo que no consiguen con los votos, lo quieren lograr con las armas”, dijo Guevara.
El control militar es tan férreo que Borges y Guevara no pueden entrar en sus oficinas, si no son abiertas por la Guardia Nacional destacada en el Palacio Federal, bajo las órdenes del Estado Mayor de la FANB, revelaron fuentes. En las entradas hay soldados que controlan el acceso de diputados, pero no de los colectivos.
“Esa ANC es fraudulenta, así que sus actos son nulos. No debemos obediencia a la ANC, sino a la Constitución, al pueblo y al Parlamento. La disolución de la Asamblea es para tener acceso a créditos y contratos internacionales porque los recursos los dilapidaron, se los robaron. Son mala paga y pretenden imponerse por la fuerza, con las balas”, agregó Guevara. Sin embargo, aseguró: “Esta Asamblea está de pie; no está disuelta porque seguirá con sus funciones de legislar, controlar y fiscalizar. Ejerceremos nuestras competencias”.
Ante la matriz del oficialismo, que desmiente la disolución del Parlamento, el jefe de fracción de la Unidad, Stalin González, dijo que hay “un acto de facto”, pero retó a los jerarcas del gobierno: “Que vengan el presidente y los ministros y entreguen cuentas”.
En la Casa Amarilla, Delcy Rodríguez reiteró que el Parlamento tiene que “convivir y coexistir” con la ANC y defendió el decreto: “Tenemos facultades para actuar en la reorganización del Estado. Es mentira que están disueltos. La constituyente le dijo al viejo Parlamento que tienen que trabajar respetando la Constitución”.
 
Rechazan “bota militar”. En la sesión, llamada “En defensa de la Constitución”, intervinieron seis diputados: Henry Ramos Allup (AD), Carlos Valero (UNT), Alfonso Marquina (PJ), Omar González (Vente), Mariela Magallanes y Guevara (VP).
Ramos Allup sostuvo: “La ANC no es asamblea ni nacional ni constituyente. Es una convención del PSUV. Ese decreto de disolución del Parlamento es producto del culillo, del miedo electoral. Pretendían que la directiva de la Asamblea se humillara, se arrodillara ante un poder de facto, y como no lo hicimos ante ese adefesio, esa porquería, no nos perdonaron. Lo sacaron pero luego recularon ante la presión internacional. Ya es tarde. Los desafueros por el decreto no cambiarán la pésima imagen del régimen: un gobierno fallido, un gobierno forajido”.
Carlos Valero dijo: “Rechazamos la bota militar sobre el Parlamento. La ANC no nos asusta, ni lograrán que cese la lucha. Al igual que en el asalto al Congreso por los Monagas estamos dispuestos a dar la vida. Nos mantendremos en la calle, no abandonaremos estos espacios ni renunciaremos al derecho al voto”.
El Parlamento recibió el apoyo del cuerpo diplomático, acreditado en el país, concretamente de Unión Europea, Guatemala, Brasil, Japón, Chile, Países Bajos, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Argentina, Francia, España, Reino Unido, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México y Perú.
Antes de entrar en la sesión, oyeron las opiniones de los directivos del Legislativo sobre el alcance del decreto del 18 de agosto. Luego, se marcharon a la Casa Amarilla porque, casualmente, fueron llamados por el canciller Jorge Arreaza para hablar de la situación del país. No obstante, los legisladores les recordaron que los ataques del gobierno contra el Parlamento comenzaron desde su instalación, en 2016, cuando desconocieron a los representantes de Amazonas, lo que afectó el quórum para aprobar decisiones con mayoría absoluta. Luego, Miraflores aprobó unos decretos de emergencia económica, sin aval del Legislativo.
Las medidas conllevaron que los legisladores no cobren sus salarios; que el gobierno no pague a trabajadores parlamentarios; que hayan sido despojados de sus pasaportes y que el INAC prohíba montarlos en aviones nacionales.
Omar González (Vente Venezuela) emplazó al Legislativo a rechazar no solo la disolución, sino el cambio de elecciones regionales, las inhabilitaciones y que escojan los candidatos. Debemos rechazar todo y llamar a elecciones generales para sacar a los cubanos, a quienes mandan en Venezuela”.
 
El presidente de la UIP, Saber Hossain Chowdhury, expresó al diputado Julio Borges su preocupación por la crisis en Venezuela, las amenazas contra el Parlamento y los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y Germán Ferrer, del PSUV. Borges denunció: “La fraudulenta constituyente actúa contra la Asamblea, violenta sus espacios y amenaza con quitarnos la inmunidad”.