AN declaró sin garantías las presidenciales del 22 de abril

En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad declarar que la elección presidencial prevista para el 22 de abril es un proceso sin garantías de respeto a la voluntad popular.
El proyecto de acuerdo que presentó el presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza, alertó que en el proceso comicial adelantado por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno trata de aparentar legitimidad para continuar en el poder por seis años más.
Advirtió que impedir elecciones directas, libres, universales y secretas atentan “gravemente en contra del ejercicio del sufragio que establece la Constitución”, por lo que se exhortó a los venezolanos a exigir comicios transparentes, que les permitan participar con libertad, sin estar sometidos a la presión de Maduro, a la violencia física o a la utilización de la trampa electoral.
Barboza aseguró que los ciudadanos sí quieren votar para elegir un nuevo gobierno, pero se necesitan garantías electorales, como una misión de observación internacional, y tiempo suficiente. “No los reconocemos como elección libre y exigimos condiciones”.
“Los venezolanos tienen derecho de contar con organismos electorales imparciales, capaces de organizar procesos electorales transparentes, en los cuales estén garantizado los derechos de los electores”, enfatizó.
El jefe del Legislativo respaldó la convocatoria de la MUD para constituir un Frente Amplio que reúna a todos los sectores de la sociedad para rescatar la democracia.
El diputado Robert Alcalá pidió a la dirigencia opositora que permita que los estados puedan tener “voz y voto” en la iniciativa que se anunció el 21 de febrero. “No queremos G-4 o G-9, sino un G-Venezuela”, subrayó.
Juan Guaidó manifestó que los chavistas disidentes también están invitados al Frente.
Barboza presentó el programa legislativo básico correspondiente a 2018, integrado por 21 leyes, entre las que se encuentran: ley de amnistía, ley de recuperación de activos producto de la corrupción, ley de emergencia social y ley orgánica del sector eléctrico.
La junta directiva de la AN concedió un derecho de palabra al presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Juan Ángel Gouveia, quien cuestionó el mensaje en lenguaje de señas que emitió Maduro el 18 de febrero porque percibe que fue utilizado como campaña electoral para manipular a la población.
Aclaró que su presencia en el Parlamento no tenía el objetivo de favorecer a alguna tendencia política, sino luchar para que a la comunidad de sordos les respeten los derechos humanos.
“Lo primero son nuestros derechos, lo segundo nuestros derechos y lo tercero nuestros derechos”, recalcó Gouveia.
Aseguró que, de acuerdo con el censo 2011, en el país hay más de 1 millón de personas discapacitadas.
Pidió al Estado que los tomen en cuenta como personas que hacen gozo y uso de sus derechos, y no los vean de manera asistencialista.
Además, propuso la creación de centros de atención a personas con discapacidad, espacios en las universidades, adiestramiento a los cuerpos de seguridad y que se cumplan los objetivos de desarrollo de la ONU.
“Esperamos que la AN sirva de voz para luchar por nosotros”, afirmó.