Activismo Ciudadano afirma que ningún civil debe ser juzgado por militares

Carlos Daniel Moreno, abogado constitucionalista y director ejecutivo de la organización no gubernamental Activismo Ciudadano, denunció que ningún civil debe ser procesado bajo los términos de la justicia militar. 
En una entrevista para 
, Moreno explicó por qué es ilegal presentar civiles ante la justicia castrense y reconoció la labor institucional que ha realizado la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en los últimos meses.
La presentación de civiles ante tribunales militares empezó a hacer eco en la población venezolana cuando más de 338 casos fueron denunciados en el país.
Entre todos esos detenidos, 175 quedaron bajo privativa de libertad. Todos fueron acusados de tres delitos: traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión, extracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela.
Sergio Contreras, Merino Rojas y Estefani Salazar son algunos de los civiles que presentaron ante la justicia militar y fueron defendidos por abogados de la ONG que dirige Moreno. También formaron parte del equipo que logró la libertad para el dirigente de Voluntad Popular, Aldo Rosso. 
Los tribunales militares defienden los valores de la disciplina, la obediencia y la subordinación. Esos pilares están delineados en el artículo 328 de la Constitución, sobre los que Moreno aseguró pueden ser quebrantados solo por militares activos, no por civiles.
El abogado detalló que ningún civil puede ofender estos valores porque hay una serie de elementos técnicos, como la organización de reuniones clandestinas y la posesión de armamento, que no se encontraron de forma legítima en ninguno de estos casos.
El caso del profesor universitario Sergio Contreras, detenido el 10 de mayo en el centro de Caracas y privado de libertad en Ramo Verde por orden de tribunales militares, es uno de los más mediáticos que maneja el abogado.
Contreras fue detenido cerca del Sambil de la Candelaria, donde llamaba a los vecinos de la zona a manifestarse contra el régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con las imágenes compartidas del momento, solo portaba un megáfono.
Moreno explicó que a Contreras, que fue “ruleteado” por las distintas sedes de los cuerpos de seguridad del Estado, le sembraron una pistola 380 con cinco cartuchos de proyectiles 9 mm.
Algo parecido ocurrió con Merino Rojas, Estefani Salazar y Beniel Blanco, que fueron detenidos cuando fuerzas de seguridad del Estado allanaron el edificio West, en Sabana Grande. Según declaraciones del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, estos jóvenes guardaban cordones explosivos, una escopeta y químicos para los “guarimberos”.
El Aissami aseguró que el material decomisado podría estar valorado en al menos 250.000 dólares.
El caso estuvo lleno de incongruencias, una de las más notables fue que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional realizaron el allanamiento acompañados de camarógrafos del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), que se supone contaminan la escena del suceso. Las imágenes captadas fueron utilizadas para un breve documental transmitido por el medio.
“Como se ve, es un patrón: en Venezuela se está utilizando la jurisdicción militar para procesar a civiles y eso tenemos que, todos los ciudadanos, denunciarlo”, manifestó Moreno, quien consideró alarmante la manera sistemática en que se presentan estos casos.
Moreno protestó diciendo que estos procedimientos no corresponden con el momento histórico que se vive en Venezuela y aseguró que el país debería prepararse para eliminar definitivamente la jurisdicción militar.
“Argentina ya se desprendió de eso hace muchos años. El militar está subordinado a la República civil, así está concebido en democracia”, aclaró Moreno. El abogado dijo que existen herramientas para que cualquier militar que cometa un delito sea juzgado por civiles en tribunales ordinarios.
Moreno consideró que lo ideal sería que los órganos de justicia militar se desprendan de todas estas acciones, desconociendo el efecto de los juicios militares en tribunales ordinarios.
El abogado detalló que “las consecuencias a futuro para estos operadores de la  justicia militar son muchas”.
Adelantó que desde la organización Activismo Ciudadano podría señalarse que Venezuela está presenciando un patrón sistemático de detenciones y presentación de disidentes políticos ante tribunales militares. Estos hechos, que se replican en el territorio nacional, podrían catalogarse como un delito de lesa humanidad.
Moreno también habló sobre las recientes actuaciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha mostrado una posición contraria al gobierno de Nicolás Maduro.
Ortega Díaz es la persona de mayor poder dentro del Ministerio Público, desde donde se condenaron a varias personas durante las protestas de 2014 a ser privados de libertad por manifestarse contra la gestión de Maduro.
“La fiscal no actuó apegada a la Constitución en el año 2014, eso es una verdad. Sin embargo, también sería ingrato no reconocer que en este momento está cumpliendo el rol institucional que está llamada a ejercer y eso es lo que los venezolanos en definitiva queremos”, confesó Moreno.
Aclaró que tampoco se busca tener un fiscal general chavista u opositor, sino uno que “sea garante del respeto a la Constitución, a la ley; que ordene y dirija las investigaciones penales, que ejerza bajo la tesis de la mínima intervención del derecho penal en aquellos casos que se requiera”.
Moreno pretendió adherirse al recurso intentado por la fiscal general, pero este fue desestimado por la Sala Electoral el pasado 12 de junio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó en su cuenta Twitter que el documento fue rechazado por “inepta acumulación de pretensiones”.
El abogado aseguró a 
 que se mantendrá atento a las acciones que Ortega Díaz emprenda en “defensa de la legalidad, la Constitución y del orden constitucional” dentro del país.
Moreno concluyó aseverando que el tema de las decisiones 155 y 156 emitidas por el TSJ no ha cerrado, dando a entender que el hilo constitucional en Venezuela se mantiene roto.