Dgcim allanó casa del teniente coronel Marín Chaparro

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron la casa del teniente coronel Igbert Marín Chaparro en la urbanización Bosque Valle, subiendo por Tazón.
El abogado Alonso Medina Roa informó en su cuenta de Twitter sobre el procedimiento en la residencia del oficial detenido el 2 de marzo junto con otros ocho miembros del Ejército. Una semana después fueron privados de libertad tras ser acusados de traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar. Marín Chaparro, comandante del Batallón Ayala, está recluido en la cárcel de Santa Ana, en Táchira.
Familiares y abogados de los nueve militares, integrantes del Batallón Ayala, tendrán un derecho de palabra en la Comisión de Defensa.
Sergio Vergara, vicepresidente de la instancia parlamentaria, anunció que la reunión será el 4 de abril.
Indicó que explicarán los pormenores del proceso judicial que se les ha aplicado a esos oficiales del Ejército.
“Queremos recibir los testimonios de los familiares y abogados de estos oficiales y así analizar la posibilidad de abrir una investigación sobre este delicado tema”, dijo.
El Batallón Ayala, la unidad militar de mayor capacidad combativa del área metropolitana de Caracas, es un regimiento de contención para proteger todos los poderes públicos asentados en la capital y las altas personalidades del gobierno nacional. De allí la importancia que reviste la detención de su comandante y demás miembros.
El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la AN, diputado Edgar Zambrano, informó que envió oficios de carácter institucional al ministro de la Defensa, al fiscal designado por la ANC y al defensor del pueblo con la finalidad de solicitar información en torno a la situación de reclusión del general en jefe Raúl Isaías Baduel, detenido e incomunicado en la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Asimismo, para pedir que se explique por qué se violan los derechos del alto oficial y cuál es su estado físico y psicológico.
“Mantener incomunicado a un privado de libertad, sea cual sea el delito cometido o se trate de un civil o un militar, viola de manera flagrante los derechos fundamentales contemplados no solo en el texto constitucional, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás Tratados Internacionales”, dijo.