El gobierno viola tratados al incomunicar a presos políticos

Representantes de ONG señalan que los organismos de seguridad del Estado violan los reglamentos de condiciones de reclusión y los tratados de derechos humanos, al someter a los presos políticos al aislamiento y a la incomunicación por períodos prolongados.
Ana Leonor Acosta, abogado de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, indicó que el gobierno ha implementado esa práctica como un patrón de castigo para los privados de libertad lo cual, en algunos casos, deja daños irreversibles para su salud como ocurrió con el comisario de la Policía de Chacao, Fredd Mavárez, que padece de problemas oculares por causa de la constante exposición a luz blanca a la que lo sometieron dentro de las celdas de El Helicoide.
Denunció que además de la “tortura blanca” –como es denominado ese castigo– en Venezuela encierran a los presos políticos en “los tigritos” que son cuartos pequeños a bajas o altas temperaturas, sin suficiente ventilación ni alimentación, y tampoco acceso a los baños. Este tipo de condiciones que desobedecen el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario son consideradas por la Organización de Naciones Unidas como violatorias de los derechos humanos que afectan la integridad física y mental de las víctimas.
Andrés Colmenares, director de Funpaz, y Ana Leonor Acosta coincidieron en que el Estado desconoce los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito, entre ellos las leyes mandelianas de reclusión establecidas por la ONU para el tratamiento de los privados de libertad, y el Protocolo de Estambul contra la Tortura que identifica el aislamiento prolongado como una forma cruel de tortura.
“El caso de Lorent Saleh es un reflejo claro y gráfico de que en Venezuela no hay garantías del debido proceso, derecho a la libertad y la justicia”, manifestó Colmenares.
Saleh, que se encuentra detenido desde 2014 con 51 audiencias preliminares diferidas, es uno de los presos políticos que ha sido sometido frecuentemente a este tipo de castigos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ubicado en El Helicoide, en donde hoy cumple 41 días sin que sus familiares y abogados conozcan sobre su estado físico y de salud. Cuando fue encarcelado permaneció varios meses incomunicado y encerrado en la sede de la PNB de Plaza Venezuela, conocida como “la tumba”, lugar que se encuentra a seis pisos bajo el nivel de la calle.
La diputada de Adriana Pichardo, responsable del Comité de Liberación de Presos Políticos de Voluntad Popular, exigió la liberación de forma inmediata del joven que en los tres años y nueve meses que lleva preso ha atentado contra su vida tres veces, debido a las condiciones en las que se encuentra.
Funcionarios del Cicpc detuvieron a Ariana Granadillo, de 21 años de edad, familiar del coronel de la GNB Oswaldo García Palomo, que se encuentra solicitado por el gobierno por presuntos actos terroristas.
La joven estudiante de Medicina fue detenida el sábado en una en una alcabala en San Antonio del Táchira, cuando se trasladaba en un autobús junto con su familia. Los oficiales indicaron que estaba solicitada por el Juzgado Militar Segundo de Control de Caracas, según oficio fechado el 27 de mayo. El mes pasado, Granadillo fue detenida dentro de su casa por la DGCIM junto con sus padres, Argenis Granadillo y Gabriela de Granadillo. Los tres fueron liberados el 31 de mayo.