Critican nombramiento de magistrados por la AN

La fiscal Luisa Ortega Díaz criticó el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional de 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en un proceso al margen del resto de poderes.
“Ese es el mismo problema también de designar una vicefiscal al margen de la ley, y designan unos magistrados… Yo creo que el Estado hay que ordenarlo”, dijo Ortega en una entrevista en Venevisión, al ser interrogada sobre la investidura de los magistrados prevista para el viernes.
La fiscal se refería al nombramiento por parte del TSJ de Katherine Haringhton como vicefiscal.
“La gente lo que quiere es seguridad, tranquilidad, decencia. La gente está cansada de esas cosas anormales que no permiten que el Estado funcione y avance”, afirmó.
Le pidió al TSJ que se retire la inmunidad de ocho magistrados de la Sala Constitucional para que puedan ser investigados por la decisión en la que asumieron las facultades del Parlamento. "Pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del código penal".
Aseguró que cada vez que la Fiscalía cita para imputar a algún funcionario del gobierno o relacionado con él, “el TSJ dicta un disparate jurídico” como pasó en los casos del director del Sebin, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres cuando estaba al frente de la GNB, que se les otorgó una condición de altos funcionarios y se anuló sus convocatorias para imputarlos de manera expedita.
“Sin embargo, yo soy una alta funcionaria y de forma rápida hicieron un antejuicio de mérito fraudulento”, resaltó.
Recordó que lo mismo pasó con el caso de Odebrecht. “El TSJ salió con un disparate jurídico diciendo que no podemos imputar en la sede del Ministerio Público, sino en sedes tribunalicias. Esos delitos se han cometido y no prescriben. Estarán hasta que se pueda hacer justicia en este país”.
Aseguró que tales acciones del TSJ “han venido en detrimento de la justicia y fortalecen la impunidad”.
Le solicitó al gobierno que cese el acoso y la persecución en contra de los ciudadanos. Informó que existen denuncias que obligan a la gente a firmar por determinados eventos y si no les quitan las bolsas del CLAP o beneficios de las misiones. “Eso es como una esclavitud, una perversión, someter a unas personas a sanción, castigo, a un estado de amenaza permanente”.