La AN exige a los tribunales medidas para los presos políticos enfermos
La Asamblea Nacional instaló ayer la Comisión Delegada, integrada por la directiva y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes, y estará habilitada hasta el próximo 5 de de enero, fecha en la que se renovará la directiva del Poder Legislativo.
Durante la sesión se aprobó un acuerdo en favor de los presos y perseguidos políticos y abordó el tema de la violación de los derechos humanos. "El gobierno, de manera sistemática, se ha encargado de hacer de 2017, el año con mayor índice de violación de derechos en la historia", dijo el diputado Édgar Zambrano (AD).
Calificó estas acciones como actos "desproporcionados de abuso de poder de todos los funcionarios implicados, incluso aquellos que pertenecen a la administración de justicia". Y subrayó: "Como Parlamento rechazamos estos hechos".
El legislador abogó por brindar atención médica inmediata para todos los presos políticos, en especial al ex alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien presenta severos problemas de salud. "Maduro y sus funcionarios se hacen la vista gorda ante los padecimientos de salud de algunos presos políticos. Exigimos la libertad plena de todos ellos", indicó.
En el acuerdo también se exhorta a los tribunales a revisar cada caso para que se "acuerden medidas alternativas a la privación de libertad en favor de los presos políticos que padecen enfermedades para que sean atendidos adecuadamente".
En el documento se exige que se cumpla lo establecido en la legislación venezolana. "Los tribunales que adelantan procesos contra personas acusadas por razones políticas que hagan cesar todas las medidas desproporcionadas de coacción personal y que garanticen el debido proceso".
Los parlamentarios también se refirieron al acoso a los periodistas durante este año y exigieron garantías para que puedan ejercer sus funciones sin ninguna restricción y que su vida no corra peligro en el cumplimiento de sus labores.
"Rechazamos la sistemática violación a los derechos humanos a los periodistas y los trabajadores de la prensa lo cual constituye grave violación a la libertad de expresión".
La Comisión Delegada acordó denunciar ante la Unicef, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo por los abusos cometidos por los funcionarios del Sebin y del Saime con los 120 niños que tenían previsto viajar a Perú para reencontrarse con sus padres. "No podemos acostumbramos a este tipo de atrocidades. ¿Qué necesidad había de anularles el pasaporte?, dijo Juan Guaidó.
